Desde septiembre de 2023, el Ayuntamiento de Cuéllar ha recibido nueve solicitudes para instalar plantas de biogás o biometano en nuestro término municipal. No son plantas pequeñas ligadas a una granja. Los proyectos de los que hay datos tratan entre 145.000 y 260.000 toneladas de residuos al año cada uno.
Casi todos buscan el mismo sitio: la franja de campo al sur de la villa, el lugar que más les favorece porque está junto al gasoducto al que se inyecta el biometano.
Ante esta situación, el Ayuntamiento ha decidido usar la herramienta más fuerte que tiene: sus normas urbanísticas, tal y como Izquierda Unida venía pidiendo:
- Desde octubre de 2025 reclamábamos al Ayuntamiento que no se quedara en presentar alegaciones y estudiara todas las vías posibles para frenar estas plantas.
- Entregamos a la Alcaldía, para que la estudiara la Oficina Técnica, una relación de municipios que estaban frenando las macroplantas cambiando sus normas.
- En mayo llevamos al Pleno la moción de la Plataforma Cuéllar Stop Biogás, que pedía modificar las normas urbanísticas.
- Y en junio, a propuesta nuestra, la moción que aprobó el Pleno incorporó el encargo de redactar esa modificación. La partida de 15.125 euros para hacerlo la presentó nuestra concejala de Hacienda, Lucía Arranz.
Y ahora, por fin, el 29 de octubre de 2026, el Pleno aprobó inicialmente la modificación de las normas urbanísticas.
En este artículo queremos explicar, sin tecnicismos, qué es esa modificación, para qué sirve, qué puede y qué no puede hacer un ayuntamiento, y por qué cada línea de esas normas hay que pensarla muy bien.
El problema de partida: unas normas de 2011 que no estaban pensadas para esto
Las normas urbanísticas son el reglamento del pueblo y dicen qué se puede construir, dónde y en qué condiciones.
Las de Cuéllar se aprobaron en 2011, cuando estas macroplantas no existían, por eso no las regulan de forma específica. Con las normas actuales, una planta de biogás en el campo solo tiene que cumplir condiciones muy básicas:
- una parcela de una hectárea;
- 15 metros de separación a los linderos;
- una altura máxima que se puede superar si el proceso lo justifica.
No hay ninguna distancia mínima a los pueblos, ninguna separación entre plantas y ninguna regla sobre de dónde vienen los residuos. Es decir, con las normas actuales, varias macroplantas podrían instalarse a poco más de un kilómetro de un núcleo habitado y a pocos cientos de metros unas de otras.
Los cuatro permisos que necesita una planta (y en cuáles decide el Ayuntamiento)
Para entender qué puede hacer Cuéllar, conviene saber qué pasos tiene que dar una planta antes de construirse:
- Informe urbanístico (lo emite el Ayuntamiento). La empresa pregunta si su proyecto encaja en las normas urbanísticas del municipio.
- Evaluación de impacto ambiental (decide la Junta). La Junta de Castilla y León estudia los efectos sobre el medio ambiente y emite su declaración. El Ayuntamiento puede presentar alegaciones e informes, pero no decide.
- Autorización ambiental integrada (decide la Junta). Es el permiso para funcionar, con sus condiciones de emisiones, residuos, agua y controles.
- Licencia de obra (la concede el Ayuntamiento). Sin ella no se construye nada. Para concederla o denegarla, el Ayuntamiento vuelve a comprobar que el proyecto cumple las normas urbanísticas, y aplica las que estén en vigor el día en que resuelve, no las que había cuando la empresa empezó.
De los cuatro permisos, el Ayuntamiento solo tiene en sus manos el primero y el último, y en los dos decide con las normas urbanísticas vigentes. Por eso las normas son tan importantes: son la herramienta principal que tiene un municipio para decidir dónde y cómo puede instalarse una actividad en su territorio.
Pongamos el ejemplo de la planta que Bio Frontera quiere instalar en Cuéllar (145.000 toneladas de residuos al año, cerca de Torregutiérrez), la más avanzada.
- Con las normas de 2011, nada urbanístico impidió que su proyecto siguiera adelante.
- En octubre de 2026 obtuvo la evaluación ambiental favorable de la Junta (lo analizamos en este artículo).
- Ahora le falta la autorización ambiental integrada, que decide la Junta.
- Después tendrá que pedir la licencia de obra al Ayuntamiento.
Ahí está el margen. El Pleno aprobó inicialmente la modificación el 29 de octubre. Cuando el acuerdo se publique en el BOCYL, quedarán suspendidas las licencias de plantas de biogás en todo el término municipal, durante dos años como máximo, mientras se termina de tramitar. Si las nuevas normas están aprobadas definitivamente cuando Bio Frontera pida la licencia, como así esperamos, se aplicarán a esa licencia. Por eso el calendario importa tanto: ahora la carrera es que la aprobación definitiva llegue antes de que acaben esos dos años.
Lo que un ayuntamiento no puede hacer: prohibir sin más
Aquí está el núcleo del asunto: un ayuntamiento no puede prohibir una actividad legal en todo su término municipal. La producción de biogás es una actividad legal, que además, tanto la Unión Europea como el Gobierno de España y la Junta la están impulsando.
Si un ayuntamiento aprueba unas normas que en la práctica, impiden instalar cualquier planta en cualquier sitio, las empresas las recurren y los tribunales las anulan.
Ya ha pasado en Castilla y León. En Puente del Congosto (Salamanca), el Ayuntamiento modificó sus normas urbanísticas para regular la ganadería. La nueva norma limitaba las explotaciones a 9 UGM (unidades de ganado mayor), es decir, a granjas muy pequeñas. Los ganaderos la recurrieron. En noviembre de 2025, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León la anuló: consideró que impedía en la práctica la ganadería intensiva en todo el suelo rústico del municipio, sin una justificación suficiente, y que por tanto era desproporcionada. Más información sobre esto en La Gaceta de Salamanca.
Es decir, un ayuntamiento puede regular, pero si su norma equivale a una prohibición total encubierta, los tribunales la tumban.
¿Y qué pasa si anulan las normas?
Que vuelven a aplicarse las de 2011, las que no protegen de nada. Y mientras se redactan y se aprueban unas nuevas, que es un proceso largo, las empresas pueden pedir sus licencias con las reglas antiguas e instalarse. Ese vacío es justo lo que hay que evitar.
Por eso no vale con poner la planta «a 20 kilómetros del pueblo». Una regla así sería desproporcionada y no aguantaría un recurso. Cada exigencia tiene que estar justificada, tener una base técnica y dejar que la actividad sea posible en algún lugar del término.
Entonces, ¿qué hace la modificación?
En lugar de prohibir, ordena: dice dónde pueden ir estas plantas y en qué condiciones, regulando cuestiones como:
- Solo construir en suelo rústico común.
- Fijar una distancia mínima a los núcleos de población y a lugares sensibles.
- Fijar distancias a los espacios naturales y al patrimonio.
- Pedir que solo se traten residuos de alrededor para que no se convierte en el destino de los de media Castilla.
- Separación entre plantas, para que no se concentren varias en la misma zona.
- Condiciones de funcionamiento: almacenamiento, estudio de olores riguroso, camiones que no crucen los pueblos…
Buena parte de estas medidas son las que pedíamos desde Izquierda Unida, gran parte de ellas recogidas en las alegaciones que redactamos en octubre de 2025 y en la moción que llevamos al Pleno en mayo de 2026.
El resultado de la modificación
Cuando se aplican todas estas reglas a la vez sobre el mapa de Cuéllar, no se está prohibiendo las plantas, pero se les dicen dónde y cómo pueden instalarse. Y ahí está la cuestión, porque quizás con las nuevas condiciones, a una empresa ya no le es tan atractivo o no le interesa instalarse en nuestro municipio.
Por ejemplo, hoy los proyectos buscan el sur del término, junto al gasoducto, porque es lo más cómodo y barato para ellos. Pero esa misma zona reúne buena parte de lo que hay que proteger: el río Cega, del que bebemos; un acuífero declarado vulnerable a la contaminación por nitratos; los pinares; Las Lomas; zonas de campeo del águila imperial; y la cercanía a la villa y a sus barrios. Unas normas que protejan todo eso no prohíben las plantas: les marcan dónde y cómo pueden instalarse. A partir de ahí, cada empresa hará sus cuentas.
El «ten con ten»: cada decisión hay que justificarla
Unas buenas normas no consisten en poner la cifra más alta posible. Cada distancia, cada condición y cada exigencia tiene que poder defenderse ante un juez. Por eso tiene que apoyarse en criterios que ya existen: lo que exige la Junta, lo que aplican otras comunidades autónomas, lo que dicen los estudios técnicos.
Además, cada regla que protege algo (un pueblo, un río, un acuífero, una casa aislada) va restando superficie al mapa donde una planta podría instalarse. Si al sumarlas todas no queda ningún sitio posible en todo el término, la norma deja de ser una regulación y se convierte en una prohibición encubierta. Y ese es justo el argumento que usarían las empresas para recurrirla.
Si lo consiguen, se vuelve a las normas de 2011, que apenas ponen límites. Y durante el tiempo que se tarde en aprobar unas nuevas, las empresas podrían pedir sus licencias con las reglas antiguas.
Por eso el trabajo consiste en encontrar el equilibrio: proteger al máximo sin dar motivos para tumbar las normas.
¿En qué momento estamos y qué viene después?
El 29 de octubre de 2026 el Pleno aprobó inicialmente la modificación. Lo que viene ahora:
- Publicación del acuerdo en el BOCYL. Desde el día siguiente a la publicación, quedan suspendidas las licencias de plantas de biogás en todo el término, durante dos años como máximo.
- Información pública. Cualquier vecino o vecina puede presentar alegaciones.
- Informes de otros organismos (Confederación Hidrográfica del Duero, Patrimonio, Protección Civil…) y evaluación ambiental de la norma, que hace la Junta.
- Aprobación provisional en el Pleno.
- Aprobación definitiva, que corresponde a la Junta.
Es muy importante que el proceso avance rápido y bien hecho. Rápido, para que la aprobación definitiva llegue antes de que acabe la suspensión; y bien hecho, para que las normas aguanten cualquier recurso.
Qué está haciendo Izquierda Unida
Izquierda Unida forma parte del equipo de gobierno y apoya esta modificación.
Aún así, nuestra posición no ha cambiado: queremos que en Cuéllar no se instale ninguna macroplanta, y así lo defendimos en los plenos de mayo y junio. Pero unas normas que prohibieran todas las plantas acabarían anuladas y nos devolverían a las de 2011, sin ninguna protección. Por eso trabajamos para que la modificación sea lo más restrictiva posible y, a la vez, capaz de aguantar cualquier recurso.
Con la aprobación inicial, nuestro trabajo ahora es estudiar a fondo el texto:
- comprobamos que los datos sean coherentes entre los distintos documentos;
- buscamos los huecos por los que podría colarse una macroplanta;
- comparamos cada exigencia con lo que se aplica en otros territorios;
- y proponemos mejoras que hagan la norma más protectora sin hacerla más frágil ante los tribunales.
Ese trabajo lo trasladamos al resto de grupos y al equipo redactor.
También seguiremos defendiendo dos cosas que van más allá de Cuéllar, coordinarnos con los municipios vecinos para que tampoco nos veamos afectados por una macroplanta puesta en un municipio cercano y exigiendo a la Junta que apruebe de una vez su plan regional del biogás, con criterios claros para todo el territorio.
Qué puedes hacer tú
- Informarte y compartir información fiable.
- Cuando la modificación salga a información pública, presentar alegaciones (cualquier persona puede hacerlo y cuentan). Nosotros seguiremos informando en todas nuestras plataformas (este blog, redes sociales) y demás actividades sobre ello, así que síguenos para poder estar informado de los avances y cómo puedes participar para evitar que en nuestro municipio se instalen estas macroplantas.
- Apoyar a la Plataforma Cuéllar Stop Biogás, que no está ligada a ningún grupo político y lleva meses informando y movilizando a los vecinos.